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Expertos de Ferrere advirtieron riesgos de corrupción derivados de la pandemia

Una videoconferencia con profesionales de Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay abordó la necesidad de fortalecer el rol de las áreas de cumplimiento en las empresas.

Bajo el título “COVID-19 y las amenazas a los programas anticorrupción en América”, cuatro profesionales de Ferrere en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay acompañaron a los expertos Gregory Bates y Alejandra Montenegro Almonte del estudio Miller & Chevalier de Estados Unidos en un webinar que puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer los programas de prevención de sobornos y actos de corrupción ante los riesgos que plantea la situación derivada de la pandemia.

La moderadora del evento y consejera de Ferrere Uruguay, Carla Arellano, destacó que los sectores más vulnerables en el contexto actual son el financiero, farmacéutico, logístico, y portuario, entre otros, por ser los que están directamente involucrados en la operativa que los Gobiernos implementaron para hacer frente a la emergencia sanitaria.

Arellano apuntó que la necesidad de tomar medidas urgentes llevó a que se flexibilizaran los procesos de ingresos de bienes y contratación de servicios, al tiempo que se impusieron nuevas normativas para el tránsito de personas y mercaderías en las fronteras lo que incrementa el riesgo de corrupción.

Aún con ese escenario, María Maiorano de Ferrere Uruguay señaló que de momento las medidas adoptadas por el gobierno uruguayo durante la pandemia no han afectado la baja percepción de corrupción. “Eso confirma que las empresas están haciendo foco en la mitigación del riesgo. Hemos visto avances sobre todo fuera del sistema financiero”, comentó.

Por su parte, Gregory Bates de Miller & Chevallier identificó cuatro desafíos que enfrentan las empresas: comerciales, operativos, laborales e internos.

Los comerciales se dan por la situación de oferta y demanda entre compañías, en particular en la provisión de insumos y equipamiento médico y farmacéutico. Bates señaló que están percibiendo una marcada asimetría entre empresas que dentro del mismo rubro ven sus ventas disparadas, mientras que en otras se desaceleran. “Esto está creando situaciones de empresas que están aprovechando para ganar mercado”, dijo. Por eso, algunas firmas están trabajando con sus departamentos de cumplimiento para revisar los incentivos de ventas y asegurarse de que no se promuevan acciones ilícitas o inapropiadas.

En el plano operativo, dijo Bates, los cierres de fronteras y los cambios de regulaciones para ingreso de bienes y personas generan condiciones para actos de corrupción. Para afrontar esa situación, Bates recomendó trabajar muy de cerca con el personal de logística para comprender la normativa vigente y estar actualizados con la documentación exigida.

Por último, mencionó los desafíos internos, que afrontan por ejemplo las firmas que vieron bajar sus ventas. “Lo importante es que se comunique la importancia de no buscar atajos con conductas ilegales, que en seis meses o dos años lleven a la compañía a responder por sus conductas”, señaló.

La presentación de Alejandra Montenegro Almonte, vicepresidenta del Departamento Internacional de Miller & Chevallier se centró en investigaciones recientes de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos.

En ese sentido, remarcó que la normativa tiene aplicación “sumamente amplia” tanto en la consideración del hecho generador del delito como en su jurisdicción. Desde su óptica, afirmó que “no le extrañaría” que las autoridades encargadas de aplicarla –el Departamento de Justicia y por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC)- se enfoquen en casos surgidos durante la pandemia.

“Algo importante que nunca nos cansamos de puntualizar es que la jurisdicción que tiene la FCPA es sumamente amplia. Se enfoca en actividades fuera de Estados unidos, la mayoría de compañías o personas a las que se aplica la ley son extranjeros” remarcó. Además, dijo que han visto una política de implementación de la norma “muy focalizada” en América Latina, y citó el ejemplo del caso Petrobras en Brasil, entre otros.

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